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Presidente del Consejo de Ministros subraya necesidad de aplicar acciones concretas en la lucha anticorrupción


El Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuart ratificó hoy la voluntad del Gobierno de luchar frontalmente contra la corrupción y también invocó a los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a materializar las propuestas de las mesas de trabajo en acciones concretas para que la población sienta que se está cosechando frutos.

Durante la undécima reunión de la CAN, realizada en la Municipalidad de Lima, Valdés Dancuart, subrayó que los peruanos tenemos la virtud y el defecto de hacer muchos estudios, pero no pasamos a la acción, como se requiere en la lucha contra este flagelo.

El Perú tiene muchas leyes el problema es que no se cumplen, por eso es que si se lograra que todo lo conversado en las mesas se conviertan en acciones y se haga un seguimiento adecuado, la población sentiría que hay frutos en la lucha contra la corrupción, subrayó.

El Jefe del Gabinete asistió acompañado de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor y de la Producción, José Urquizo, quienes a su turno dieron a conocer algunas decisiones adoptadas por el Gobierno respecto al tema.

El titular de Justicia recordó que la deuda en temas de reparación civil por condenas efectivas y concluidas asciende a más de mil millones de nuevos soles, de los cuales, sólo se ha cobrado 6 millones.

En consecuencia, dijo, “el Ejecutivo ha instruido a todos los procuradores para declarar muerte civil a aquellas personas deudoras. Esto significa que no podrán realizar trámites como abrir una cuenta de ahorros o firmar contratos”.

Asimismo, informó que el Gobierno está elaborando una iniciativa para la creación del Grupo de Trabajo de Crimen Organizado y Lucha contra la Corrupción a fin de poder realizar operativos conjuntos entre las instituciones del Estado.

El ministro de Justicia también pidió un mayor compromiso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros en las investigaciones por los delitos de lavado de activos, para que aporte de manera rápida y sin dilación, la información que le es requerida por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

De más de 120 investigaciones realizadas por la UIF, apenas 4 han logrado ser judicializadas y no hay ninguna condena.

Jiménez Mayor anunció que se viene trabajando una nueva ley de lavados de activos que estará lista en aproximadamente 30 días.

Sobre el particular, el Presidente de la Corte Suprema, César San Martín, consideró de grave que no haya ninguna condena por lavado de activos. En tal sentido, instó a unir esfuerzos para que exista una regulación específica como levantar el secreto bancario o la reserva tributaria, respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por su parte, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, presentó un informe sobre la participación del Perú en tratados internacionales de lucha contra la corrupción.

En la cita estuvieron presentes, la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez, el Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar; el Presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Javier Iguíñiz; el Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, la Coordinadora General de la CAN, Susana Silva.

Asimismo, representantes de la Fiscalía de la Nación, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Asamblea de Gobiernos Regionales, el Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró y la representante de Proética, Cecilia Blondet.

La CAN fue creada por Decreto Supremo N° 016-2010-PCM del 27 de enero de 2010. Es un espacio de coordinación y búsqueda de consenso en políticas, estrategias y acciones de Estado para luchar contra la corrupción, en los distintos sectores de la actividad del Estado.

Su mandato principal es coadyuvar a la articulación, coordinación y planificación de acciones de Estado a cargo de instituciones públicas, privadas, sociales y no gubernamentales dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

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